Por: Dr. Héctor Macedo García.
Magistrado del Poder Judicial del Estado de México.
La protección de las mujeres víctimas de violencia ha sido un esfuerzo de décadas en México, un país donde la violencia y la inseguridad han convertido esta causa en un verdadero desafío tanto para autoridades y juzgadores como para las víctimas. A pesar de la existencia de mecanismos jurídicos diseñados para proteger a las mujeres, como la perspectiva de género y la transversalidad, estos sistemas aún parecen insuficientes.
En la teoría, los principios jurídicos de protección a las mujeres son adecuados. La estructura legal que busca garantizar estos derechos se ha construido cuidadosamente y cuenta con herramientas técnicas-jurídicas impecables. Sin embargo, la realidad muestra un rostro diferente. Un ejemplo emblemático es el caso de una mujer que fue asesinada en el año 2019 frente a la residencia oficial en Jalisco, conocida como Casa Jalisco. Esta mujer intentó llegar a la casa del gobernador en busca de protección, a pesar de tener una orden de restricción contra su agresor. Su asesinato evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres, aun cuando cuentan con medidas de protección legales.
Existen otros incidentes trágicos, como el asesinato de dos mujeres en Jalisco mientras intentaban denunciar a su agresor en las oficinas del Ministerio Público. Estos hechos, que parecen sacados de historias de terror, reflejan una descomposición social que subraya la vulnerabilidad de las personas, incluso en espacios supuestamente seguros como las instalaciones de justicia.
En consecuencia, cada caso como el que menciono juega en detrimento de la percepción que la ciudadanía tiene respecto a jueces y magistrados y, como señala la “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023”, elaborada por el INEGI, sólo el 39.4% de los encuestados confián en nosotros los juzgadores. Además, en una entrevista que realicé en Radio Capital, señalé también que la percepción ciudadana es que el Poder Judicial es visto como algo lejano por la ciudadanía.
La complejidad de los términos y los procedimientos judiciales crea una barrera entre el sistema de justicia y la sociedad, y esto se acentúa en casos emblemáticos que minan la confianza de la población en el sistema judicial.
Es importante señalar que, aunque existen sentencias y medidas eficaces, casos como los mencionados neutralizan la efectividad percibida del sistema. Esta desconexión alimenta una percepción pública negativa, donde las personas sienten, con razón, que el sistema de justicia no cumple su función protectora como debería, especialmente en casos de violencia de género.
Propuestas de Enfoque y Alternativas
Hace unos años, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, nuestra hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso una medida que consiste en que, en casos de violencia familiar, sea el hombre quien abandone el hogar en lugar de la mujer, buscando así proteger a las mujeres en su propio espacio. Se trataba de un esfuerzo importante para darle mayor justicia y certeza a las mujeres violentadas. A través de mi experiencia como juzgador, agregaría que el sistema de justicia debe evolucionar y abordar estos casos con un enfoque que no sólo involucre a la seguridad, sino también a la salud pública.
En ese sentido, debemos explorar cuáles son los contextos en los que mayoritariamente se presenta la violencia de género; por ejemplo, sabemos que mayoritariamente es generada por hombres en contextos familiares, bajo esa lógica, podría ser abordada desde una perspectiva de salud mental.
Tengo claro que, desde la visión de la psicología, para que una terapia funcione, sea cual sea, una parte primordial es reconocer que algo está mal. Al mismo tiempo, entiendo desde la sociología, que el arraigo a las costumbres de la masculinidad hegemónica y su normalización en la cultura mexicana hacen que, reconocer que algo anda mal en términos de violencia machista complica la aceptación de acudir a una terapia. Además, no se trata de pensarlos como “enfermos”, pues eso conllevaría beneficios para ellos y mayores riesgos a la hora de impartir justicia como la pensión alimentaria, la cual que podría ser cubierta mientras tanto por los familiares, entre otros.
Sin embargo, se podría considerar, para disminuir los casos de impunidad, el internamiento del agresor en un centro de rehabilitación, en casos concretos, donde reciba tratamiento psicológico o psiquiátrico, similar a los sistemas de ayuda a personas con problemas de adicciones, regulados en normas oficiales mexicanas. De esta forma, el agresor permanecería bajo un proceso de rehabilitación supervisado por profesionales de salud mental hasta que sea evaluado como apto para reintegrarse a la sociedad, pues no solo se trata de liberar a la víctima del yugo de su violencia, sino a la sociedad en su conjunto.
Sé que la medida podría parecer radical para muchas personas, pero ante un problema tan grave como la violencia machista y, sobre todo, la violencia feminicida, también es necesario acercarnos a nuevos enfoques, en donde la prisión no sea la única alternativa y, en cambio, avancemos hacia una sociedad mentalmente más saludable.
No basta contar con mecanismos legales ejemplares para erradicar la violencia de género, es necesario garantizar su efectividad en la práctica y cambiar la percepción ciudadana sobre el sistema judicial. Un enfoque integral, que incluya tanto la justicia como la salud pública podría ser un paso adelante para lograr un sistema de protección realmente eficiente y humanizado, que no sólo proteja a las víctimas, sino que también involucre a los agresores para ser personas social y psicológicamente aptas para relacionarse con otras personas de manera sana, como una solución a largo plazo.
